Organizada por las secretarías de Salud Mental y Problemáticas de Consumo y de Derechos Humanos, de Tierra del Fuego, se realizó -este martes 5 de mayo, de manera presencial y virtual- una Asamblea Abierta sobre Salud Mental y Derechos Humanos, en la ciudad de Ushuaia, que congregó a más de 100 participantes, incluyendo profesionales de salud pública, ONGs, referentes de Bienestar Ciudadano, de Educación, de fuerzas de seguridad, usuarios y familiares, de OSEF, de entidades académicas y colegios profesionales.
El encuentro -presidido por el secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David De Piero; y la secretaria de Derechos Humanos, Sonia Splausky; y moderado por el director Juli Nadal- culminó con la redacción de un documento base que solicita formalmente a los legisladores nacionales por Tierra del Fuego el rechazo total al proyecto de modificación de la Ley 26.657 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en abril de 2026.
Entre los oradores del encuentro se destacaron la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias; el impulsor del proyecto que dio origen a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el ex diputado nacional Leonardo Gorbacz; el coordinador de la Secretaría de Discapacidad, Gonzalo Zárate; y otros representantes de organizaciones que participaron de la asamblea, tanto por vía remota como de manera presencial.
El manifiesto elaborado por la asamblea -y que está a la firma de los participantes- denuncia que la reforma propuesta introduce cambios con “efectos regresivos” que vulneran el paradigma de derechos humanos vigente.
Entre los puntos de mayor alarma se encuentra el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno”, lo que desplaza la lógica interdisciplinaria por una visión centrada exclusivamente en manuales de psiquiatría.
Asimismo, el documento advierte sobre la flexibilización de las instituciones monovalentes (manicomios), el debilitamiento de los dispositivos de atención comunitaria y la modificación del Órgano de Revisión, lo que reduciría las garantías de control en las internaciones involuntarias.
El licenciado David De Piero, destacó la masiva participación en la asamblea y señaló que el proyecto de ley nacional “no viene a dar respuesta a la crisis” que atraviesa el sector, sino que podría incrementarla.
Según el funcionario, uno de los ejes más preocupantes es el desfinanciamiento, ya que la reforma retira la obligación del Estado Nacional de financiar a las provincias, limitando su rol a un mero asesoramiento.
De Piero explicó que este impacto ya se percibe en la provincia a través de la baja del Plan Remediar, la quita de subsidios para residencias interdisciplinarias y el recorte en proyectos de inclusión laboral.
“La demanda está hoy superando la capacidad de respuesta”, afirmó el secretario, quien también mencionó la dificultad para captar recursos humanos especializados ante la competencia de ofertas laborales del exterior.
Para el funcionario, desplazar la noción de padecimiento por la de trastorno “arma otra salud mental” que deja fuera situaciones vitales como duelos o crisis sociales que requieren acompañamiento pero no necesariamente se enmarcan en un trastorno psiquiátrico.